Los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), revelaron que en 2018 había 40 mil hogares con una víctima de desaparición forzada en el país.
Jalisco ocupó el primer lugar con más de 4 mil 600 casos reportados.
Le siguen Michoacán, Tamaulipas y Veracruz.
Las autoridades consideran que una persona fue desaparecida cuando se presenta la denuncia ante el ministerio público. Un registro se crea cuando la autoridad ministerial inicia una investigación a través de una averiguación previa (AP), carpeta de investigación (CI) o acta circunstanciada (AC)”.
El documento precisa que “el hecho de que una persona aparezca registrada en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en calidad de desaparecida o no localizada, no necesariamente obedece a una investigación iniciada por desaparición forzada y que incluso en los casos de averiguaciones previas iniciadas por una posible desaparición forzada, ello no confirma que el delito se haya cometido, sino que existe la presunción del posible delito y, en consecuencia, se cuenta con una línea de investigación al respecto.
