El descubrimiento de yacimientos petrolíferos en México inició en la segunda mitad del siglo XIX, pero fue hasta el siglo XX cuando comenzó a despuntar esta industria.
Desde el inicio, la industria petrolera en México estuvo bajo el dominio de empresas extranjeras: estadounidenses y británicas. Tres de ellas produjeron casi el 90 por ciento del petróleo extraído entre 1901 y 1938.
El 16 de agosto de 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este sindicato demandó un contrato colectivo de trabajo similar, con la finalidad de que se pagaran sueldos justos a sus trabajadores y se otorgaran idénticos beneficios de carácter social.
Estas exigencias tensaron las relaciones con las compañías, por lo que el gobierno federal, encabezado por el general Lázaro Cárdenas, intervino para mediar en el conflicto.
El 28 de mayo de 1937 los trabajadores declararon una huelga general en todas las empresas que explotaban petróleo. En represalia, las compañías detuvieron las exploraciones y perforaciones, además de retirar sus fondos bancarios.
Ante la situación, el presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar la industria petrolera. El 18 de marzo de 1938 publicó el decreto con el que se expropiaba, “por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de los consorcios extranjeros”.
La expropiación petrolera le valió a Cárdenas un amplio reconocimiento de la sociedad mexicana, además del respaldo y reconocimiento de otras naciones, principalmente las latinoamericanas.
El 19 de marzo los trabajadores tomaron posesión de las instalaciones de las compañías expropiadas. El Banco de México suspendió sus operaciones de compra y venta de oro y divisas extranjeras. Ese mismo día se instituye el Fondo de Cooperación Nacional, cuya misión es reunir fondos para el pago de indemnizaciones de las compañías petroleras.
Las petroleras extranjeras promovieron un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el decreto expropiatorio; el valor total de los bienes expropiados se calculó en 450 millones de dólares.
El 23 de marzo se realizó una gran manifestación en el Zócalo, en la cual miles de mexicanos le expresaron su apoyo.
Con información del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
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