Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG), expertos en temas de seguridad, consideran que el regreso de las volantas es más una medida desesperada de las autoridades que una solución de fondo.
Detalló que aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esas disposiciones, porque podría abrir la puerta a arbitrariedades, el Código Único de Procedimientos Penales posibilita la inspección de personas y vehículos, sin autorización judicial, en casos de flagrancia o cuando hay indicios de que alguien oculta objetos relacionados con delitos.
Además la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia que permite revisión cuando exista “sospecha razonable u objetiva de que se comete un delito”.
Ambos insisten en ser necesario capacitar a los elementos de seguridad que participarán y aclarar los protocolos para determinar cuándo existe esa sospecha razonable.