Una polémica iniciativa presentó este 14 d octubre el grupo parlamentario del PAN Jalisco en el Congreso del Estado; en el documento se busca reformar la Ley de Educación local y la Ley de Niñas Niños y Adolescentes, contenida en la Constitución de Jalisco.
En su propuesta mencionan crear la figura del ‘pin parental‘, un mecanismo con el que se le daría a los padres de familia el derecho de decidir en la instrucción que las escuelas les dan a sus hijos en materias como educación sexual y diversidad.
En otras palabras, los tutores podrían censurar los contenidos que se incluyen en los programas educativos oficiales y proponer materiales que estén apegados a la ideología familiar que ellos quieren dar a sus hijos.
No paso un día de presentar la propuesta en comisiones, cuando organismos civiles rechazaron al considerarla como un retroceso a la educación laica que se pregona en el país.
No es la primera vez que en México se presentan este tipo de herramientas, en Nuevo León y Aguascalientes se discute la aplicación del pin parental en materias catalogadas como sensibles.
Gustavo Macías Zambrano, impulsor de la propuesta, refirió que el propio secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, conoció la herramienta y se dijo dispuesto a implementarlo en todos los niveles de educación en caso de que sea aprobado.
En la corriente contra el mecanismo refieren que esta reforma abriría las puertas para censurar la educación y no abonará a la lucha para prevenir o detectar casos de abuso sexual o desde las aulas prevenir sobre los riesgos de iniciar relaciones sexuales desde una edad temprana.
Además, consideran que el pin sólo desembocaría al incremento de embarazos adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y la invisibilización de identidades y sexualidades diversas.
El organismo Unión Diversa de Jalisco (UDJ) y diez colectivos más consideraron que las reformas propuestas por el PAN Jalisco son violatorias de derechos humanos a favor del interés superior de la niñez, y se iría en contra de organismos como la ONU, UNESCO, Unicef y ONU-DH. Asi como contravienen a rectoría del Estado en la definición de contenidos educativos establecida en el artículo tercero constitucional.
