Lo que se consideró como una determinación histórica, el Consejo General Universitario (CGU), de la Universidad de Guadalajara (UdeG), aprobó la expulsión definitiva de un par de estudiantes ante acusaciones de agresión sexual a una compañera de la carrera de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).
Tras conocer el dictamen de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones, el rector de la Casa de Estudios, Ricardo Villanueva Lomelí, advirtió que no se va a tolerar ningún acto de violencia dentro de los planteles de la red.
“Sabemos que estamos en deuda con las mujeres, que les hemos dejado como última instancia las redes sociales, como única vía de la denuncia. Quisiera que en esta Universidad los problemas no se resuelvan en Facebook o Twitter, sino que se regrese a la confianza en nuestros órganos de gobierno, para que se sancione por la vía institucional. Pero para eso hay que ganar la confianza de las mujeres, de que vamos a actuar”.
Por ello, de conformidad con la fracción I del artículo 95 de la Ley Orgánica de esta Casa de Estudio, se les sancionó con la expulsión definitiva como alumnos de la UdeG. Asimismo, se les restringe el ingreso a los planteles de la institución. Además, las medidas cautelares de protección a la estudiante continúan vigentes.
Este es un dictamen histórico, ya que es la primera vez que se consigue sancionar una acción que ocurrió fuera de las instalaciones de la Universidad. Esto porque los actos se dieron entre universitarios y las consecuencias de éstos afectaron la vida interna del plantel.
Este dictamen fue fundamentado con elementos como una opinión técnica de un perito en psicología forense, además del análisis de los testimonios acusados con la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. Además, la declaración de la ofendida fue valorada con perspectiva de género, ya que su dicho tiene especial relevancia de acuerdo con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ser la víctima.
Con esta determinación, la UdeG atendió a su misión institucional de considerar la perspectiva de género y combatir toda forma de violencia.
Los sancionados tienen 15 días para apelar esta sanción, si así lo consideran.
