Al ser un ejemplo de lo que no se debe hacer en materia legal, las fotoinfracciones están ahogadas en ilegalidades, así como gozan de mala reputación entre la sociedad civil, señalaron los especialistas de la Universidad de Guadalajara, Bertha Alicia Esparza Hernández, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), y Adriana Inés Olivares González, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD).
Indicaron que éstas violan los principios básicos de un proceso administrativo, a pesar de que son un instrumento valioso para fomentar la cultura vial.
De acuerdo con un análisis que hizo Esparza Hernández, en el Tribunal de Justicia Administrativa, de 2013 a 2017 se han emitido 5 millones de fotoinfracciones; poco más de 16 mil han sido impugnadas y 95 por ciento se anulan.
La catedrática de lo Contencioso administrativo y Amparo administrativo, explicó que la fotoinfracción nace muerta, legalmente hablando, porque no se apega a la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Ahondaron en que dos grandes males aquejan a las fotoinfracciones: la ausencia de legalidad en sus procesos, lo que provoca que mediante un juicio ante tribunales administrativos se derrumben fácilmente; y su mala reputación social, ya que el hecho de que no estén acompañadas de estrategias integrales de movilidad, y la ausencia de transparencia en los montos económicos que recauda, hacen que la gente las perciba como una medida simplemente recaudatoria.
“Entre los elementos deficientes en el tema es que no hay notificación en domicilio y nadie firma de recibido; además, en ocasiones no hay concordancia con la hora en que supuestamente se cometió la falta y el código QR no se ajusta a los requisitos de la Ley de Firma Electrónica”.Se deben corregir los vicios legales y trabajar en cambiar la percepción social.
